Según AFP, el equipo legal de Sara Duterte dijo que tomará todas las medidas legales para proteger sus derechos.
Duterte fue procesada el mes pasado por el delito de "grave amenaza", en relación con una declaración en una rueda de prensa nocturna. En consecuencia, declaró que había contratado a alguien para asesinar al presidente Marcos, su esposa y a un ex parlamentario si él mismo hubiera sido asesinado primero.
El portavoz del Ministerio de Justicia de Filipinas, Polo Martínez, confirmó que la orden de arresto se emitió después de que un tribunal en la ciudad de Quezon, región de Metro Manila, rechazara la solicitud de aplazamiento de la emisión de la orden.
Sin embargo, se considera difícil que la orden de arresto conduzca a la detención de la Sra. Duterte, ya que los abogados pueden solicitar la libertad bajo fianza y continuar apelando ante los tribunales superiores.
Según la ley filipina, si es declarada culpable, podría enfrentar una pena máxima de prisión de 6 meses. La amenaza de asesinato también es un tema importante en la sesión de acusación de Duterte en el Senado.
Duterte fue destituida por la Cámara de Representantes en mayo con cargos que incluyen corrupción y lucro ilícito. Si es declarada culpable, será destituida y se le prohibirá participar en la política, poniendo así fin a su plan para presentarse a la presidencia de Filipinas en 2028.
