La Ley de Peritaje Judicial de 2025 aprobada por la Asamblea Nacional entra en vigor a partir de mayo de 2026.
La Ley consta de 6 capítulos y 45 artículos que regulan a los peritos forenses, las organizaciones de peritaje forense; el orden y los procedimientos para el peritaje forense; los costos del peritaje forense; los regímenes y políticas en las actividades de peritaje forense; la gestión estatal del peritaje forense; las responsabilidades de los órganos de procedimiento penal, organizaciones e individuos relacionados con las actividades de peritaje forense.
Con respecto a la política del Estado sobre las actividades de peritaje judicial, esta Ley estipula que el Estado invierte y desarrolla un sistema de organizaciones públicas de peritaje judicial en áreas con grandes y frecuentes necesidades de peritaje para satisfacer las necesidades de las actividades procesales.
Tener políticas preferenciales, creando condiciones favorables vinculadas a un estricto control de la calidad de la peritación para las organizaciones de peritación judicial no públicas, las organizaciones de peritación judicial por caso u otras unidades, organizaciones e individuos al participar en actividades de peritación judicial.
El Estado tiene una política prioritaria de capacitación y desarrollo profesional para los peritos judiciales; promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital; construir una base de datos sobre peritaje judicial.
En cuanto a la responsabilidad de la gestión estatal en las actividades de peritaje judicial, el Gobierno gestiona de forma unificada la gestión estatal de la peritación judicial a nivel nacional; el Ministerio de Justicia es el organismo principal, que ayuda al Gobierno a gestionar de forma unificada la gestión estatal de la peritación judicial.
Los ministerios y agencias a nivel ministerial son responsables de ayudar al Gobierno a gestionar la gestión estatal de la peritación judicial en el campo profesional bajo su autoridad de gestión; coordinar con el Ministerio de Justicia en la gestión estatal unificada de la peritación judicial.
La Fiscalía Popular Suprema implementa el contenido de la gestión de las organizaciones de peritaje judicial público pertenecientes a su organización; resume la organización y las actividades de peritaje judicial bajo su autoridad de gestión y envía informes al Ministerio de Justicia para resumir los informes anuales al Gobierno.
Los Comités Populares Provinciales y Municipales son responsables de la gestión estatal de la peritación judicial en la localidad de acuerdo con las regulaciones.
